SERVICIO A LA VIDA
MOVIMIENTO FUNDAR
GACETILLA NRO. 233

ABORTO: INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY SOBRE ABORTOS NO PUNIBLES EN LA PAMPA

Buenos Aires, 2/12/07 (SEVI).- El 29 de noviembre de 2007 la Legislatura de la provincia de La Pampa sancionó una ley que reglamenta los llamados “abortos no punibles” y que violenta el derecho a la vida de las personas por nacer.

La norma regula la realización del aborto en los casos que el Código Penal establece como “no punibles” (artículo 86, incisos 1 y 2). Sin embargo, al realizar esta “reglamentación”, se incurre en una manifiesta inconstitucionalidad:

1) Porque el aborto es, para el Código Penal, un delito y como tal no puede existir una ley que “reglamente” cómo cometer un delito.

2) Porque los llamados casos de “abortos no punibles” han devenido inconstitucionales por imperio de la Constitución Nacional que reconoce y garantiza el derecho a la vida desde la concepción. El art. 86 del Código Penal está en pugna con los arts. 16, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, arts. 3, 6, 24 y 37 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 6 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, 4 del Pacto de San José de Costa Rica y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una norma que pretende establecer procedimientos legales para “abortar” afecta directamente el derecho a la vida, comporta una grave violación a los derechos humanos fundamentales y a la Constitución Nacional.

3) Porque una ley provincial no puede legislar en materia penal, ya que ello es atribución del Congreso Nacional (cf. art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional).

La norma es sumamente grave. Nos encontramos ante la primera vez que una Legislatura Provincial legaliza el aborto. En efecto, se autoriza legalmente a matar a personas y se ponen a disposición de tales crímenes los medios sanitarios del Estado. Resta ahora esperar que el gobernador vete la norma en razón de su inconstitucionalidad y que las legislaturas adopten medidas que, en lugar de eliminar la vida, la apoyen y estimulen para una mejor convivencia social.